La certeza en el objetivo final de la OPA, crear –como lo denominó The Wall Street Journal al día siguiente de conocerse la noticia– “un titán del sector energético mundial” no ha conseguido, sin embargo, despejar las múltiples incógnitas que envuelven su realización. ¿Es dado pensar en una operación de este calado al margen de la feroz lucha que sostienen los grandes monopolios mundiales de la energía por el control de los mercados? ¿O de las maniobras de los grandes mastodontes europeos posicionándose ante la inminente remodelación y reordenamiento del mercado europeo de la electricidad? ¿Es imaginable que esta batalla económica no esté de algún modo determinada o influenciada por la disputa entre el eje franco-alemán y Washington por hacerse con nuevos peones que refuercen su posición de dominio en el tablero español? Y, por otra parte, ¿asistimos, como afirma el PP y sus medios afines, a un órdago del tripartito y el nacionalismo catalán por hacerse con el control del mercado energético español? ¿O, por el contrario, los movimientos de La Caixa –y el apoyo recibido por sectores oligárquicos– apuntan hacia la inclusión (el reclamado “encaje”) de la alta burguesía catalana en el seno de la clase dominante española?
Un sector estratégico
Internamente, la envergadura y el calado de la operación diseñada por Gas Natural no hace referencia principalmente ni a la magnitud de su coste financiero –21.000 millones de euros, 3 billones y medio de las antiguas pesetas– ni siquiera al tamaño del holding resultante, sino al control exhaustivo por parte de un grupo monopolista dotado de una posición dominante en un sector de carácter tan estratégico para cualquier país –mucho más en uno desarrollado– como es el de la energía. A través de él se controla la capacidad productora y la competitividad de toda la economía. Toda la estructura productiva del país –sin excepción– está obligada a pasar necesariamente por el cuello de embudo que supone la comercialización de la energía. En sus distintas formas de producción y distribución: eléctrica, gas, petróleo,... la energía es el fluido vital del que se nutre el capitalismo. Y quien domina ese fluido vital, quien dispone de la capacidad para imponer precios y cuotas, de facilitar recursos o poner limitaciones, tiene en sus manos una llave fundamental de control.
Hasta tal punto es clave este control, que en nuestra propia historia podemos encontrar ejemplos en los que su disputa ha hecho caer no ya ministros, ni siquiera gobiernos, sino hasta regímenes enteros. La decisión de Primo de Rivera, en 1927, de crear la empresa pública CAMPSA –de la que se ha dicho que era, en sí misma, de mayor trascendencia para España que la recuperación de Gibraltar–, a través de la cual el Estado pasaba a tener, por decreto, el monopolio de la distribución del petróleo en nuestro país, fue considerado por las grandes potencias imperialistas de entonces y sus monopolios petrolíferos que controlaban el mercado mundial, un casus belli. Y como tal, sus maniobras, presiones e intrigas por desembarazarse de un posible rival no controlado estuvieron en el origen de la caída del gobierno de Primo de Rivera en 1929, cuyas desestabilizadoras consecuencias desembocarían poco después en el fin de la propia monarquía en 1931.
Pero este grado de control del mercado, si llega a buen término la unión de Gas Natural y Endesa, sería en este caso todavía superior gracias a los íntimos vínculos con Repsol y Agbar (Aguas de Barcelona), a través de La Caixa, que se convertiría en accionista de referencia de todas ellas. De consumarse, el nuevo holding energético disfrutaría del control monopolístico de la distribución del gas, sería el monopolio dominante en la generación y comercialización de la electricidad, acapararía el 80% del mercado del petróleo y poseería un dominio absoluto en la distribución y el tratamiento del agua. Asentado sobre estas cuatro patas –esquema que a su vez se reproduce en media Iberoamérica y, a otra escala, en algunos países europeos– resulta prácticamente imposible que detrás de este nuevo “titán” energético no tengan puestos ya sus ojos –y sus manos– los principales centros de poder político y económico del planeta.
Pero si, además, el holding que generaría la integración se convierte en la tercera empresa energética del mundo, sólo por detrás de la alemana E. On y la italiana Enel, entonces la envergadura de los intereses en juego se multiplican. Pues ya no se trata tan sólo de la disputa por un mercado, el español, importante pero menor, sino del control de un coloso surgido en el seno de la UE ampliada, el mayor mercado energético, con diferencia, del mundo. Por lo que resulta inevitable preguntarse por quién (o quiénes) pueden estar detrás (o al lado) de La Caixa, respaldando (o encabezando) esta mega-operación.
La conexión gala
Y el principal candidato, sin duda, el capital monopolista francés, vinculado a La Caixa, y en particular a su actual presidente, Ricardo Fornesa, a través de la alianza estratégica que mantienen el grupo Suez-Lyonnaise des Eaux y la caja catalana. Alianza que se traduce tanto en el control conjunto que ostentan sobre Aguas de Barcelona (Agbar, de la que Fornesa es presidente desde hace casi 20 años y el presidente de Suez, Gérard Mestrallet, vicepresidente) como en las participaciones cruzadas que ambos poseen (5% de Gas Natural,...) o en el hecho de que Antoni Brufau, presidente de Repsol, se siente en el consejo de administración de Suez en representación del 1,5% que La Caixa tiene del gigante francés de la electricidad.
Para Suez-Lyonnaise, controlar o participar en primera línea en una operación de estas características significaría matar dos pájaros de un tiro. Por un lado hacer realidad su viejo sueño de tener acceso al control de una parte significativa del mercado eléctrico español. Hace ya 5 años que la propia Endesa se veía obligada a enviar una declaración institucional a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desmintiendo la noticia difundida por toda la prensa europea en que se anunciaba su fusión con Suez-Lyonnaise; la cual, poco después, trató de hacerse con el control de la más pequeña de las eléctricas españolas, Hidrocantábrico.
Por el otro, tomar ventaja en el nuevo reparto que se avecina en el mercado eléctrico de la UE tras su liberalización en dos etapas: en julio de 2006 con la libre elección por parte de las empresas de la compañía suministradora y, un año después, para los consumidores particulares. Una liberalización del mercado eléctrico europeo aprobada después de múltiples retrasos provocados por la oposición de Francia y Alemania, pero en la que, curiosamente, son los gigantes de estos dos países quienes han comenzado los primeros y más agresivos movimientos: la alemana E.On con su intento por hacerse con la británica Scottish Power y la francesa Suez con la OPA para quedarse con el 100% de las acciones de su filial belga Electrabel.
Políticos, economistas y medios de comunicación españoles andan divididos y enzarzados sobre las repercusiones internas de la operación y las intenciones de sus protagonistas aparentes. Sin sospechar siquiera que su histórica ceguera ante esta cuestión les lleva a tomar la apariencia por la esencia, impidiéndoles ver la íntima relación, la estrecha dependencia de los grandes acontecimientos económicos o políticos del país con los designios de los centros de poder con capacidad para mover sus piezas en el gran tablero mundial. Incluso aunque los actores no sepan a quiénes están representando.
"Actuamos por propia iniciativa en algunos casos, sin necesidad de una queja. Hay que recordar que a veces las empresas que se ven perjudicadas por las acciones de un Estado miembro se sienten intimidadas, y por eso la Comisión cree que es suficiente que haya una violación de las reglas para actuar", explicó el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd.
