El presidente de Suez, Gerad Mestrallet, mantuvo hoy una reunión con el consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para presentar el "plan de actuación" de su compañía tras la fusión con Gaz de France (GDF), en un momento en el que el grupo francés de servicios se encuentra a la espera de que el regulador energético le permita elevar al 11,4% su participación en la gasista española, indicaron fuentes de la CNE.
La reunión de Mestrallet con el organismo presidido por María Teresa Costa se produce apenas dos días después de que Suez y GDF cerraran un acuerdo de fusión tras el que el Estado francés, actual socio mayoritario de la gasista francesa, tendrá una participación del 35%.
Las fuentes de la CNE indicaron que el encuentro se celebró de cara a la reunión de este jueves del consejo de administración que estudiará este tema, y no precisaron si en la misma se tendrá en cuenta la futura presencia del Estado francés en una compañía regulada española o si se estudiará la inversión de Suez por separado, como consta en el actual expediente.
El regulador tiene potestad para examinar la petición de Suez de elevar por encima del 10% --en concreto, del 9,95% al 11,3%-- la participación de Suez en Gas Natural a la luz de la "Función 14", que le capacita para pronunciarse sobre operaciones significativas en empresas reguladas.
La CNE, que a finales de junio pidió información adicional a Suez sobre sus intereses en Gas Natural, aceptó la personación de Gas Natural y de Repsol YPF --principal accionistas junta a "La Caixa" de la gasista-- en el expediente iniciado a raíz de la solicitud del grupo francés.
Además, el grupo resultante de la fusión entre GDF y Suez, GDF-Suez, deberá pedir permiso al Gobierno español si quiere ejercer derechos políticos en Gas Natural superiores al 3%, ya que la denominada "Ley Rato" impide a empresas con capital público extranjero superar este umbral de voto en empresas reguladas españolas. Para acudir a este mecanismo, el Ministerio de Industria deberá pedir un informe a la CNE, que será devuelto al departamento para su posterior elevación al Consejo de Ministros.
Un precedente polémico
Suez cuenta con un precedente favorable en el caso de Enel y Endesa. El Ejecutivo renunció recientemente a aplicar esta ley en el caso de la eléctrica italiana y su oferta de compra junto a Acciona de Endesa. El Gobierno italiano dispone de una participación en la eléctrica superior al 30%, pero el Consejo de Ministros autorizó a Enel a ejercer derechos políticos correspondientes a su participación del 24,9%.
En aquella decisión, adoptada el 27 de abril, el Gobierno puso como condición a Enel que le informe sobre su estrategia corporativa y, en concreto, sobre aspectos que afectan a intereses esenciales españoles de seguridad pública.
Esta medida inspiró la reciente respuesta del Ministerio de Industria al recurso de alzada de Endesa contra las condiciones de la CNE a la entrada de Enel en el grupo presidido por Manuel Pizarro. El departamento dirigido por Joan Clos retiró varias de las condiciones, entre ellas las referidas al carácter vinculante de las inversiones, al derecho de veto "ex post" a decisiones de Enel en Endesa o a la entrega por adelantado del orden del día de los consejos de administración.
Para pronunciarse sobre la aplicabilidad de la Ley Rato en el caso de Endesa, el Gobierno pidió a la CNE que elaborara un informe con recomendaciones acerca de la conveniencia de restringir los derechos de voto. La Ley Rato fue creada en 2000 por el entonces vicepresidente económico de Gobierno, Rodrigo Rato, para evitar la entrada en el sector energético español de empresas públicas europeas.
Esta norma se encuentra recurrida ante el Tribunal de Luxemburgo, y la Comisión Europea considera que restringe de forma injustificada la libre circulación de capitales en la Unión, por lo que ha pedido la suspensión formal de la ley.
Durante el examen por parte del Gobierno de la entrada de Enel en Endesa, el actual vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, recordó que la Ley Rato está recurrida por Bruselas ante el Tribunal de Luxemburgo para justificar la decisión final del Ejecutivo.
La reunión de Mestrallet con el organismo presidido por María Teresa Costa se produce apenas dos días después de que Suez y GDF cerraran un acuerdo de fusión tras el que el Estado francés, actual socio mayoritario de la gasista francesa, tendrá una participación del 35%.
Las fuentes de la CNE indicaron que el encuentro se celebró de cara a la reunión de este jueves del consejo de administración que estudiará este tema, y no precisaron si en la misma se tendrá en cuenta la futura presencia del Estado francés en una compañía regulada española o si se estudiará la inversión de Suez por separado, como consta en el actual expediente.
El regulador tiene potestad para examinar la petición de Suez de elevar por encima del 10% --en concreto, del 9,95% al 11,3%-- la participación de Suez en Gas Natural a la luz de la "Función 14", que le capacita para pronunciarse sobre operaciones significativas en empresas reguladas.
La CNE, que a finales de junio pidió información adicional a Suez sobre sus intereses en Gas Natural, aceptó la personación de Gas Natural y de Repsol YPF --principal accionistas junta a "La Caixa" de la gasista-- en el expediente iniciado a raíz de la solicitud del grupo francés.
Además, el grupo resultante de la fusión entre GDF y Suez, GDF-Suez, deberá pedir permiso al Gobierno español si quiere ejercer derechos políticos en Gas Natural superiores al 3%, ya que la denominada "Ley Rato" impide a empresas con capital público extranjero superar este umbral de voto en empresas reguladas españolas. Para acudir a este mecanismo, el Ministerio de Industria deberá pedir un informe a la CNE, que será devuelto al departamento para su posterior elevación al Consejo de Ministros.
Un precedente polémico
Suez cuenta con un precedente favorable en el caso de Enel y Endesa. El Ejecutivo renunció recientemente a aplicar esta ley en el caso de la eléctrica italiana y su oferta de compra junto a Acciona de Endesa. El Gobierno italiano dispone de una participación en la eléctrica superior al 30%, pero el Consejo de Ministros autorizó a Enel a ejercer derechos políticos correspondientes a su participación del 24,9%.
En aquella decisión, adoptada el 27 de abril, el Gobierno puso como condición a Enel que le informe sobre su estrategia corporativa y, en concreto, sobre aspectos que afectan a intereses esenciales españoles de seguridad pública.
Esta medida inspiró la reciente respuesta del Ministerio de Industria al recurso de alzada de Endesa contra las condiciones de la CNE a la entrada de Enel en el grupo presidido por Manuel Pizarro. El departamento dirigido por Joan Clos retiró varias de las condiciones, entre ellas las referidas al carácter vinculante de las inversiones, al derecho de veto "ex post" a decisiones de Enel en Endesa o a la entrega por adelantado del orden del día de los consejos de administración.
Para pronunciarse sobre la aplicabilidad de la Ley Rato en el caso de Endesa, el Gobierno pidió a la CNE que elaborara un informe con recomendaciones acerca de la conveniencia de restringir los derechos de voto. La Ley Rato fue creada en 2000 por el entonces vicepresidente económico de Gobierno, Rodrigo Rato, para evitar la entrada en el sector energético español de empresas públicas europeas.
Esta norma se encuentra recurrida ante el Tribunal de Luxemburgo, y la Comisión Europea considera que restringe de forma injustificada la libre circulación de capitales en la Unión, por lo que ha pedido la suspensión formal de la ley.
Durante el examen por parte del Gobierno de la entrada de Enel en Endesa, el actual vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, recordó que la Ley Rato está recurrida por Bruselas ante el Tribunal de Luxemburgo para justificar la decisión final del Ejecutivo.
Via: Bolsa5
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