La mano de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, primero con Miguel Sebastián y ahora con David Taguas, ha estado presente en las principales operaciones empresariales que se han producido en España desde la llegada al poder del Partido Socialista en la primavera de 2004.
Pese al compromiso de independencia recogido en el programa electoral del PSOE, la intromisión del Gobierno en el mundo de la empresa ha sido una constante. Los primeros pasos consistieron en cambiar a los presidentes de las compañías que todavía tenían capital público. Alfonso Cortina, fue uno de los primeros afectados. Fue sustituido en Repsol por Antonio Brufau. Y en Ebro, Antonio Hernández ocupó el puesto de José Manuel Fernández Norniella. Aunque durante la época en que los socialistas estuvieron en la oposición las críticas a la actuación del entonces vicepresidente Rato fueron constantes -le acusaban de colocar a sus amigos al frente de las principales empresas y organismos públicos-, la operación se repitió con el Gobierno socialista.
En los organismos supervisores los cambios fueron casi automáticos. En la Comisión Nacional de la Energía, la que durante muchos años fue diputada socialista, Maite Costa, sustituyó a Pedro Meroño. Pero más polémico fue el caso de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, donde no sólo se cambió el presidente, Reinaldo Rodríguez sustituyó a Carlos Bustelo, sino que, además, para complacer a los socios catalanes, se trasladó la sede del organismo de Madrid a Barcelona. La misma suerte corrieron los máximos responsables del Tribunal de Defensa de la Competencia, donde el ex socialista Luis Berenguer sucedió a Gonzalo Solana, y en la CNMV, Manuel Conthe a Blas Calzada.
Los nombramientos de personas próximas al PSOE llegaron incluso al Banco de España, donde se rompió la tradición de consenso entre los dos principales grupos parlamentarios que se había producido hasta entonces, al imponer el Gobierno al ex militante socialista y hasta entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como nuevo gobernador.
Y si en estos nombramientos se vislumbró un equilibrio de fuerzas entre la vicepresidencia de Pedro Solbes y la oficina económica de Moncloa, dirigida en ese momento por Miguel Sebastián, lo que se avecinó después fue obra casi exclusiva del ahora candidato a la alcaldía de Madrid y de su sucesor.
Una de las tareas en la que más empeño puso Sebastián fue en destituir al que fuera su jefe, el presidente del BBVA, Francisco González, entidad en la que dirigía el Servicio de Estudios, y de donde salió tras apoyar públicamente el tipo único del IRPF que defendía la entonces oposición socialista. El asesor de Zapatero encontró en la intención del presidente de Sacyr, Luis del Rivero, de hacerse con una participación importante del banco una opción para satisfacer sus aspiraciones. La oposición de los consejeros de la entidad financiera dieron al traste con la operación. En este entorno se enmarca el intento de desprestigiar a FG, con la ayuda de Sebastián y del propio vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas.
Otro enemigo a derrotar fue Manuel Pizarro, presidente de Endesa. La primera operación que vino claramente de la mano del Gobierno Zapatero, en una trama urdida por Sebastián y el entonces ministro de Industria José Montilla, fue la opa de Gas Natural sobre Endesa, en la que se había pactado la venta de activos a Iberdrola. La férrea defensa de Pizarro, que se buscó un caballero blanco en E.ON, provocó la retirada de la gasista catalana. Pero el Ejecutivo, no conforme con este candidato, al que puso todos los obstáculos posibles, buscó otra alternativa.
Primero fue la española Acciona la que empezó a comprar títulos de Endesa hasta superar el 21% de la eléctrica. Poco después fue la italiana Enel quien adquirió en el mercado acciones de Endesa, para más tarde anunciar una opa conjunta con la constructora española. En este caso Enel fue recibida con alfombra roja por parte de las autoridades y reguladores españoles que fueron eliminando todos los obstáculos con los que podría encontrarse una empresa pública extranjera que quería hacerse con el control de una de las principales compañías españolas.
El trato de favor que recibió la italiana fue denunciado por el ya ex presidente de la CNMV, Manuel Conthe, en el Congreso de los Diputados, donde definió el proceso de ofertas a Endesa como un partido trucado, donde el árbitro (la Comisión) dejó en desventaja a la alemana E.ON frente al tándem Enel-Acciona. Además, Conthe dejó entrever las presiones recibidas por los consejeros del supervisor del ahora asesor ecónomico de Zapatero, David Taguas, que previamente se había reunido con Enel. Incluso el nuevo presidente de la CNMV, Julio Segura, ha reconocido que había recibido llamadas de Moncloa. En esta ocasión, o al menos eso parece, la mano negra de la Oficina Económica logrará su propósito.
Pese al compromiso de independencia recogido en el programa electoral del PSOE, la intromisión del Gobierno en el mundo de la empresa ha sido una constante. Los primeros pasos consistieron en cambiar a los presidentes de las compañías que todavía tenían capital público. Alfonso Cortina, fue uno de los primeros afectados. Fue sustituido en Repsol por Antonio Brufau. Y en Ebro, Antonio Hernández ocupó el puesto de José Manuel Fernández Norniella. Aunque durante la época en que los socialistas estuvieron en la oposición las críticas a la actuación del entonces vicepresidente Rato fueron constantes -le acusaban de colocar a sus amigos al frente de las principales empresas y organismos públicos-, la operación se repitió con el Gobierno socialista.
En los organismos supervisores los cambios fueron casi automáticos. En la Comisión Nacional de la Energía, la que durante muchos años fue diputada socialista, Maite Costa, sustituyó a Pedro Meroño. Pero más polémico fue el caso de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, donde no sólo se cambió el presidente, Reinaldo Rodríguez sustituyó a Carlos Bustelo, sino que, además, para complacer a los socios catalanes, se trasladó la sede del organismo de Madrid a Barcelona. La misma suerte corrieron los máximos responsables del Tribunal de Defensa de la Competencia, donde el ex socialista Luis Berenguer sucedió a Gonzalo Solana, y en la CNMV, Manuel Conthe a Blas Calzada.
Los nombramientos de personas próximas al PSOE llegaron incluso al Banco de España, donde se rompió la tradición de consenso entre los dos principales grupos parlamentarios que se había producido hasta entonces, al imponer el Gobierno al ex militante socialista y hasta entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como nuevo gobernador.
Y si en estos nombramientos se vislumbró un equilibrio de fuerzas entre la vicepresidencia de Pedro Solbes y la oficina económica de Moncloa, dirigida en ese momento por Miguel Sebastián, lo que se avecinó después fue obra casi exclusiva del ahora candidato a la alcaldía de Madrid y de su sucesor.
Una de las tareas en la que más empeño puso Sebastián fue en destituir al que fuera su jefe, el presidente del BBVA, Francisco González, entidad en la que dirigía el Servicio de Estudios, y de donde salió tras apoyar públicamente el tipo único del IRPF que defendía la entonces oposición socialista. El asesor de Zapatero encontró en la intención del presidente de Sacyr, Luis del Rivero, de hacerse con una participación importante del banco una opción para satisfacer sus aspiraciones. La oposición de los consejeros de la entidad financiera dieron al traste con la operación. En este entorno se enmarca el intento de desprestigiar a FG, con la ayuda de Sebastián y del propio vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas.
Otro enemigo a derrotar fue Manuel Pizarro, presidente de Endesa. La primera operación que vino claramente de la mano del Gobierno Zapatero, en una trama urdida por Sebastián y el entonces ministro de Industria José Montilla, fue la opa de Gas Natural sobre Endesa, en la que se había pactado la venta de activos a Iberdrola. La férrea defensa de Pizarro, que se buscó un caballero blanco en E.ON, provocó la retirada de la gasista catalana. Pero el Ejecutivo, no conforme con este candidato, al que puso todos los obstáculos posibles, buscó otra alternativa.
Primero fue la española Acciona la que empezó a comprar títulos de Endesa hasta superar el 21% de la eléctrica. Poco después fue la italiana Enel quien adquirió en el mercado acciones de Endesa, para más tarde anunciar una opa conjunta con la constructora española. En este caso Enel fue recibida con alfombra roja por parte de las autoridades y reguladores españoles que fueron eliminando todos los obstáculos con los que podría encontrarse una empresa pública extranjera que quería hacerse con el control de una de las principales compañías españolas.
El trato de favor que recibió la italiana fue denunciado por el ya ex presidente de la CNMV, Manuel Conthe, en el Congreso de los Diputados, donde definió el proceso de ofertas a Endesa como un partido trucado, donde el árbitro (la Comisión) dejó en desventaja a la alemana E.ON frente al tándem Enel-Acciona. Además, Conthe dejó entrever las presiones recibidas por los consejeros del supervisor del ahora asesor ecónomico de Zapatero, David Taguas, que previamente se había reunido con Enel. Incluso el nuevo presidente de la CNMV, Julio Segura, ha reconocido que había recibido llamadas de Moncloa. En esta ocasión, o al menos eso parece, la mano negra de la Oficina Económica logrará su propósito.
