La batalla por el control de Endesa ha puesto en entredicho la labor del Gobierno español, la Comisión Europea, el Tribunal Supremo, el Tribunal de la Competencia, la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión del Mercado de Valores.
Manuel Pizarro, presidente de Endesa, lo pronóstico unos días después de que Gas Natural lanzara su oferta sobre la eléctrica, en septiembre de 2005. “La operación va a poner a prueba a las instituciones españolas”, dijo en una afamada rueda de prensa en la que compareció con la Constitución española, para defenderse de la exigencia de pasividad formulada por el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe.
Diecinueve meses después, las instituciones políticas, los reguladores independientes y la justicia han quedado con su prestigio dañado por su intervención en la pelea por Endesa.
Éstas son las actuaciones más relevantes de las diferentes administraciones.
Gobierno español. Autorizó la opa de Gas Natural sobre Endesa desviándose del consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y, sobre todo, del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, que proponía vetar la operación. Luego, el Tribunal Supremo frenó la opa ante una denuncia de Endesa contra la autorización del Consejo de Ministros a la opa.
En febrero de 2006, cuatro días después de la oferta de E.ON sobre Endesa, el Gobierno aprobó un decreto-ley para poner trabas al grupo alemán. La Comisión Europea considera ilegal ese decreto, al ser contrario a la libre circulación de capitales.
Se consideró a José Montilla como el muñidor de la opa de Gas Natural para crear un campeón nacional cuando era ministro de Industria. Dejó este puesto a Joan Clos en septiembre de 2006. El ex alcalde de Barcelona rebajó las condiciones impuestas por la CNE a E.ON, ante la presión de Bruselas. Unas horas antes de que Enel entrara en Endesa, Clos anunció una posible “solución española” para la eléctrica.
Comisión Europea. El Ejecutivo de Bruselas rechazó asumir el análisis de la opa de Gas Natural sobre Endesa, como pedía esta empresa, al considerar que no era una operación de dimensión comunitaria. Esa resolución se tomó después de un viaje de José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión, a Madrid para entrevistarse con José Luis Rodríguez Zapatero, presidente español.
Tribunal Supremo. La sección segunda del Alto Tribunal, presidida por Ramón Trillo, decidió en abril de 2006 suspender de forma cautelar la opa de Gas Natural tras una fuerte división interna. En enero de 2007, el Tribunal anuló esa medida a solicitud de Endesa, después de un debate que se cerró con un voto de diferencia.
Un juzgado mercantil de Madrid también paró la opa al apreciar indicios de colusión en el pacto por el que Gas Natural vendería activos a Iberdrola tras comprar Endesa. Miriam Iglesias, titular de ese juzgado, fue recusada por la empresa gasista y la Audiencia Provincial de Madrid anuló la medida cautelar.
Comisión Nacional de la Energía (CNE). Su papel en la opa ha sido muy cuestionado y deja una fuerte división en su consejo, presidido por Maite Costa, una persona cercana a Montilla, desde junio de 2005. El organismo se estrenó en noviembre de 2005 al aprobar la opa de Gas Natural sobre Endesa con unas suaves condiciones que rebajaban la propuesta de los técnicos de la Comisión. Los cinco consejeros próximos al PSOE y a los nacionalistas catalanes sacaron adelante la resolución, frente a los cuatro votos del PP.
Su papel estelar estaba por llegar. El decreto-ley aprobado por el Gobierno en febrero de 2006 permitía a la CNE vetar o poner condiciones a la opa de E.ON, pese a tener dimensión comunitaria, en caso de apreciar riesgos para el suministro energético.
Después de un largo debate interno, la CNE decidió en julio de 2006 poner 19 restricciones a la empresa alemana, entre las que figuraba la venta de activos nucleares, los negocios de Baleares y Canarias y las centrales que utilizan carbón español para funcionar. La resolución salió con el apoyo de sólo cuatro consejeros.
La Comisión Europea declaró ilegales esas restricciones y el Ministerio de Industria aprovechó un recurso de E.ON para rebajarlas sustancialmente.
Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC). Luis Berenguer afrontó, nada más llegar a la presidencia del Tribunal, el expediente de la oferta de Gas Natural sobre Endesa. En el mes de enero de 2006, Berenguer se quedó en minoría en el Tribunal, que decidió recomendar al Gobierno que vetara la operación. El presidente del TDC (a quien se considera afín a Pedro Solbes, vicepresidente económico del Gobierno) apostó, en su voto particular, por la imposición de condiciones. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó la oferta de Gas Natural con unas limitaciones que incluían la venta de activos por unos diez mil millones de euros.
El Tribunal no ha tenido que participar en la opa de E.ON, ya que su análisis desde el punto de vista de competencia corresponde a Bruselas, que dio su luz verde sin condiciones.
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La carta de Manuel Conthe a Manuel Pizarro en la que exigía pasividad al consejo de Endesa frente a Gas Natural fue su primer fiasco. La Audiencia Nacional dejó la carta sin efecto tras un recurso de la eléctrica.
En el proceso posterior de la opa, la CNMV no ha tenido intervenciones muy determinantes, ya que no admitió ninguna de las denuncias entre las partes. Conthe permitió que Gas Natural y E.ON modificaran el precio de sus opas en función de los dividendos que pagara Endesa: “No es lo mismo una oveja preñada que una oveja parida”, fue la metáfora que utilizó Conthe para justificar esa decisión.
Pero al final, la irrupción de Enel y Acciona en la batalla por Endesa ha forzado la salida de Conthe.
Por ahora, es la única víctima de la opa que ha hecho temblar las instituciones.
Sorpresa, mutismo y defensa de la independencia
Juan Fernández-Armesto (foto de la derecha), que fue presidente de la CNMV entre 1996 y 2000, dijo ayer que “lo que demuestra la dimisión de Manuel Conthe es que aún tenemos mucho camino por recorrer para que se respete la independencia de organismos que no deben estar sujetos a presiones”, aludiendo así no sólo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sino también al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, entre otros. Fernández-Armesto explicó que la dimisión del máximo responsable del organismo supervisor es un acto que hay que aplaudir cuando no se respeta su independencia ni su opinión, y recordó que el voto del presidente vale igual que el de cualquier consejero, aunque se suele responsabilizar al presidente de todas las decisiones.
Por su parte, Blas Calzada (abajo), que sustituyó a Pilar Valiente al frente de la CNMV en 2001 (a raíz del caso Gescartera) y que fue sustituido por Conthe en 2004, se mostró sorprendido por la dimisión, aunque no quiso hacer ninguna valoración de la situación.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (a la izquierda) dijo ayer que el Ejecutivo no tiene ninguna valoración que hacer sobre el anuncio de dimisión del presidente de la CNMV, y señaló que se trata de una decisión personal que hay que respetar. Fernández de la Vega respondió así durante una conferencia de prensa que ofreció a su llegada a Shanghai en el inicio de su visita oficial a China. La vicepresidenta recordó que Conthe, además de anunciar al Gobierno su intención, ha solicitado la convocatoria de la comisión de Economía del Congreso para informar de esa decisión.
Diecinueve meses después, las instituciones políticas, los reguladores independientes y la justicia han quedado con su prestigio dañado por su intervención en la pelea por Endesa.
Éstas son las actuaciones más relevantes de las diferentes administraciones.
Gobierno español. Autorizó la opa de Gas Natural sobre Endesa desviándose del consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y, sobre todo, del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, que proponía vetar la operación. Luego, el Tribunal Supremo frenó la opa ante una denuncia de Endesa contra la autorización del Consejo de Ministros a la opa.
En febrero de 2006, cuatro días después de la oferta de E.ON sobre Endesa, el Gobierno aprobó un decreto-ley para poner trabas al grupo alemán. La Comisión Europea considera ilegal ese decreto, al ser contrario a la libre circulación de capitales.
Se consideró a José Montilla como el muñidor de la opa de Gas Natural para crear un campeón nacional cuando era ministro de Industria. Dejó este puesto a Joan Clos en septiembre de 2006. El ex alcalde de Barcelona rebajó las condiciones impuestas por la CNE a E.ON, ante la presión de Bruselas. Unas horas antes de que Enel entrara en Endesa, Clos anunció una posible “solución española” para la eléctrica.
Comisión Europea. El Ejecutivo de Bruselas rechazó asumir el análisis de la opa de Gas Natural sobre Endesa, como pedía esta empresa, al considerar que no era una operación de dimensión comunitaria. Esa resolución se tomó después de un viaje de José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión, a Madrid para entrevistarse con José Luis Rodríguez Zapatero, presidente español.
Tribunal Supremo. La sección segunda del Alto Tribunal, presidida por Ramón Trillo, decidió en abril de 2006 suspender de forma cautelar la opa de Gas Natural tras una fuerte división interna. En enero de 2007, el Tribunal anuló esa medida a solicitud de Endesa, después de un debate que se cerró con un voto de diferencia.
Un juzgado mercantil de Madrid también paró la opa al apreciar indicios de colusión en el pacto por el que Gas Natural vendería activos a Iberdrola tras comprar Endesa. Miriam Iglesias, titular de ese juzgado, fue recusada por la empresa gasista y la Audiencia Provincial de Madrid anuló la medida cautelar.
Comisión Nacional de la Energía (CNE). Su papel en la opa ha sido muy cuestionado y deja una fuerte división en su consejo, presidido por Maite Costa, una persona cercana a Montilla, desde junio de 2005. El organismo se estrenó en noviembre de 2005 al aprobar la opa de Gas Natural sobre Endesa con unas suaves condiciones que rebajaban la propuesta de los técnicos de la Comisión. Los cinco consejeros próximos al PSOE y a los nacionalistas catalanes sacaron adelante la resolución, frente a los cuatro votos del PP.
Su papel estelar estaba por llegar. El decreto-ley aprobado por el Gobierno en febrero de 2006 permitía a la CNE vetar o poner condiciones a la opa de E.ON, pese a tener dimensión comunitaria, en caso de apreciar riesgos para el suministro energético.
Después de un largo debate interno, la CNE decidió en julio de 2006 poner 19 restricciones a la empresa alemana, entre las que figuraba la venta de activos nucleares, los negocios de Baleares y Canarias y las centrales que utilizan carbón español para funcionar. La resolución salió con el apoyo de sólo cuatro consejeros.
La Comisión Europea declaró ilegales esas restricciones y el Ministerio de Industria aprovechó un recurso de E.ON para rebajarlas sustancialmente.
Ahora, la CNE tiene en sus manos el análisis de la entrada de Enel en Endesa.
Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC). Luis Berenguer afrontó, nada más llegar a la presidencia del Tribunal, el expediente de la oferta de Gas Natural sobre Endesa. En el mes de enero de 2006, Berenguer se quedó en minoría en el Tribunal, que decidió recomendar al Gobierno que vetara la operación. El presidente del TDC (a quien se considera afín a Pedro Solbes, vicepresidente económico del Gobierno) apostó, en su voto particular, por la imposición de condiciones. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó la oferta de Gas Natural con unas limitaciones que incluían la venta de activos por unos diez mil millones de euros.
El Tribunal no ha tenido que participar en la opa de E.ON, ya que su análisis desde el punto de vista de competencia corresponde a Bruselas, que dio su luz verde sin condiciones.
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La carta de Manuel Conthe a Manuel Pizarro en la que exigía pasividad al consejo de Endesa frente a Gas Natural fue su primer fiasco. La Audiencia Nacional dejó la carta sin efecto tras un recurso de la eléctrica.
En el proceso posterior de la opa, la CNMV no ha tenido intervenciones muy determinantes, ya que no admitió ninguna de las denuncias entre las partes. Conthe permitió que Gas Natural y E.ON modificaran el precio de sus opas en función de los dividendos que pagara Endesa: “No es lo mismo una oveja preñada que una oveja parida”, fue la metáfora que utilizó Conthe para justificar esa decisión.
Pero al final, la irrupción de Enel y Acciona en la batalla por Endesa ha forzado la salida de Conthe.
Por ahora, es la única víctima de la opa que ha hecho temblar las instituciones.
Sorpresa, mutismo y defensa de la independencia
Juan Fernández-Armesto (foto de la derecha), que fue presidente de la CNMV entre 1996 y 2000, dijo ayer que “lo que demuestra la dimisión de Manuel Conthe es que aún tenemos mucho camino por recorrer para que se respete la independencia de organismos que no deben estar sujetos a presiones”, aludiendo así no sólo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sino también al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, entre otros. Fernández-Armesto explicó que la dimisión del máximo responsable del organismo supervisor es un acto que hay que aplaudir cuando no se respeta su independencia ni su opinión, y recordó que el voto del presidente vale igual que el de cualquier consejero, aunque se suele responsabilizar al presidente de todas las decisiones.
Por su parte, Blas Calzada (abajo), que sustituyó a Pilar Valiente al frente de la CNMV en 2001 (a raíz del caso Gescartera) y que fue sustituido por Conthe en 2004, se mostró sorprendido por la dimisión, aunque no quiso hacer ninguna valoración de la situación.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (a la izquierda) dijo ayer que el Ejecutivo no tiene ninguna valoración que hacer sobre el anuncio de dimisión del presidente de la CNMV, y señaló que se trata de una decisión personal que hay que respetar. Fernández de la Vega respondió así durante una conferencia de prensa que ofreció a su llegada a Shanghai en el inicio de su visita oficial a China. La vicepresidenta recordó que Conthe, además de anunciar al Gobierno su intención, ha solicitado la convocatoria de la comisión de Economía del Congreso para informar de esa decisión.
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