Buenas noticias para Iberdrola. El consejo de administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) decidió ayer por ocho votos a favor y uno en contra no examinar la integración de ScottishPower e Iberdrola bajo la función 14 del organismo.
El órgano que preside Maite Costa inició el pasado mes de diciembre el análisis del caso para determinar si la operación tendría un impacto negativo sobre las actividades reguladas que desarrolla la segunda eléctrica española. Ahora, tras examinar la documentación enviada por Iberdrola al organismo regulador, éste entiende que no hay peligro para las actividades reguladas y que en consecuencia no es necesario revisar la operación.
El examen de la compra de ScottishPower bajo la función 14 habría, cuando menos, dificultado la culminación de la operación en los plazos previstos por Iberdrola. Además de que desde ese momento la integración habría dependido de que el organismo regulador le otorgara su autorización -ahora no la necesita-, se habría abierto la vía para que las demás eléctricas que operan en España y que comparten activos con Iberdrola pudieran personarse en el expediente e incluso presentar alegaciones al mismo, alargando el plazo de su resolución a entre tres y seis meses.
El presidente de Iberdrola no podía asumir este retraso ya que cuando el pasado mes de noviembre presentó la operación a los mercados, se comprometió a llevarla a cabo en un plazo «máximo» de cinco meses. Este margen expira durante la última semana del próximo mes de abril.
El órgano que preside Maite Costa inició el pasado mes de diciembre el análisis del caso para determinar si la operación tendría un impacto negativo sobre las actividades reguladas que desarrolla la segunda eléctrica española. Ahora, tras examinar la documentación enviada por Iberdrola al organismo regulador, éste entiende que no hay peligro para las actividades reguladas y que en consecuencia no es necesario revisar la operación.
El examen de la compra de ScottishPower bajo la función 14 habría, cuando menos, dificultado la culminación de la operación en los plazos previstos por Iberdrola. Además de que desde ese momento la integración habría dependido de que el organismo regulador le otorgara su autorización -ahora no la necesita-, se habría abierto la vía para que las demás eléctricas que operan en España y que comparten activos con Iberdrola pudieran personarse en el expediente e incluso presentar alegaciones al mismo, alargando el plazo de su resolución a entre tres y seis meses.
El presidente de Iberdrola no podía asumir este retraso ya que cuando el pasado mes de noviembre presentó la operación a los mercados, se comprometió a llevarla a cabo en un plazo «máximo» de cinco meses. Este margen expira durante la última semana del próximo mes de abril.
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