La disposición adicional 27 de la ley 55/1999, de acompañamiento a los presupuestos del 2000, se conoce como disposición anti-EDF, pues fue ideada para frenar la irrupción del gigante público francés en Hidrocantábrico (HC). De forma paradójica, dos años después de este intento, en octubre del 2001, EDF logró la autorización "con condiciones" del Gobierno de Aznar para entrar en HC, pero esta vez fue a través de EnBW Ferroatlántica, la compañía con la que los franceses vistieron su entrada en Hidrocantábrico.
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