A pesar de que un informe de la CNE advierte que la empresa pública italiana Enel podría utilizar la política de dividendos de Endesa para sufragar parte del apalancamiento registrado por la financiación de la compra del 24,9 por ciento de la eléctrica española, el Gobierno entiende que no es razón suficiente como para que afecte a la operación. Así lo ha expresado la vicepresidenta primera del Gobierno tras el Consejo de Ministros. Según De la Vega, "el informe se está estudiando en Industria y creemos que nada de lo que se dice en ese informe va a tener repercusión".
La CNE consideró a comienzos de mes que la política de dividendos de Endesa hasta el 2009 es "coherente" con el cobro de dividendos que proyecta Enel en sus estados financieros para los próximos tres años, pero advirtió de que el grupo italiano podría utilizar su influencia en la estructura financiera del grupo español para apoyar una estrategia de incentivos, en detrimento de inversiones. El regulador omite en el informe la cantidad que podría recibir el grupo italiano en concepto de dividendos, pero afirma que dicho montante se dedicaría a sufragar parte del apalancamiento que se registraría para financiar la operación de compra del 24,9 por ciento de Endesa.
La CNE consideró a comienzos de mes que la política de dividendos de Endesa hasta el 2009 es "coherente" con el cobro de dividendos que proyecta Enel en sus estados financieros para los próximos tres años, pero advirtió de que el grupo italiano podría utilizar su influencia en la estructura financiera del grupo español para apoyar una estrategia de incentivos, en detrimento de inversiones. El regulador omite en el informe la cantidad que podría recibir el grupo italiano en concepto de dividendos, pero afirma que dicho montante se dedicaría a sufragar parte del apalancamiento que se registraría para financiar la operación de compra del 24,9 por ciento de Endesa.
Además, la CNE consideró que el incentivo que obtenga Enel podría verse incrementado a la vista de que el Estado italiano es el principal accionista del grupo. Como consecuencia, la empresa podría enfrentarse a obligaciones de aportación de fondos a las cuentas públicas italianas, sin que las mismas respondan necesariamente a un objetivo empresarial. Aún así, las posibles perturbaciones que pudiera generar Enel tendrán, en opinión del regulador, un efecto limitado. Pese a ser vinculantes, ante los dictámenes de la CNE existe la posibilidad de presentar un recurso de alzada en el Ministerio de Industria, según Europa Press.
Si cuando E.On lanzó su OPA sobre Endesa, frente a la de Gas Natural, el Gobierno otorgó nuevas competencias a la CNE para que frenase la oferta alemana, ahora los informes de la CNE sobre la OPA de Enel y Acciona están siendo obviados por el Gobierno. Cuando se trataba de autorizar el levantamiento de los blindajes a Enel dentro del consejo de Endesa, el organismo que preside María Teresa Costa dio el visto bueno a la operación pero recomendó al Ejecutivo que se guardara el derecho de veto sobre las decisiones de Enel ante la posibilidad de que los intereses públicos italianos pusieran en riesgo el sistema energético español. El Ejecutivo autorizó el levantamiento de los blindajes pero, desoyendo a la CNE, no se guardó los derechos de veto.
En esta ocasión, la Comisión Nacional de la Energía ha advertido de la posibilidad de que la empresa pública italiana Enel utilice la política de dividendos de Endesa para sufragar el apalancamiento que utilizaría para afrontar el pago del 24,9 por ciento que ya posée en Endesa. De la Vega ha sido clara. Ese "informe se está estudiando" pero "nada de lo que en él se dice tendrá repercusión", sentenció la vicepresidenta.
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